El derecho penal del enemigo y sus repercusiones para las libertades y derechos humanos en el Distrito Judicial de Pasco durante el Periodo 2021 - 2022.

Abstract

En la actual coyuntura que vive nuestro país y en general América Latina, en donde imperan problemas sociales como la delincuencia común y organizada, muchas veces los gobiernos recurren al endurecimiento de las penas o a la creación de nuevos tipos penales a fin de hacer frente al crecimiento vertiginoso de la delincuencia común y organizada. Esta conclusión a la cual he llegado aparentemente seria inocuo, sin embargo, muchas veces se recurre a los principios y postulados del derecho penal del enemigo mediante la cual se pone en riesgo las libertades y los derechos humanos de acuerdo a los principios de un Estado de Derecho. La presente investigación es de naturaleza dogmática y para lo cual se ha tenido que consultar la doctrina nacional y comparada a fin de entender el desarrollo de las ciencias penales y la propia criminología, así desde las ideas lombrosianas hasta llegar a los nuevos principios como sucede con el Derecho Penal del Acto, en donde la responsabilidad debe ceñirse a un grado de responsabilidad penal de carácter objetivo, es decir, el autor debe responder por el hecho cometido con dolo y no por el tipo de personalidad o peligrosidad que representa el autor de un hecho punible como al parecer lo hace suyo el Derecho Penal del Enemigo. En la presente investigación se verá en consecuencia las repercusiones bastante peligrosas que resulta la teoría del Derecho Penal del Enemigo para las libertades y los derechos humanos en cualquier Estado, más aún, cuando se trata de un Estado de Derecho que se sustenta en el respeto irrestricto a las libertades humanas, conquista lograda por la humanidad en el curso de la historia como lo sucedido con la revolución francesa en el siglo XVIII. La tesis que he desarrollado se halla estructurado en cuatro capítulos comienza con el problema de la investigación en donde he puesto de relieve los problemas que está significando determinadas reformas producidas en nuestra legislación penal y procesal penal considerando que las mismas se basan en la peligrosidad de la persona que ha delinquido como ocurre con la reincidencia, es decir recurriéndose a los principios del Derecho Penal del Autor. Finalmente, puedo señalar que en el presente trabajo me propongo poner de manifiesto el respeto que se debe preservar a las libertades y los derechos humanos en la administración de justicia en el ámbito penal y cuyo compromiso comprende a todos quienes integran el sistema nacional de justicia en nuestro país, como es el caso de jueces, fiscales, abogados y justiciables en general quienes deben comprometerse con los principios sobre lo cual se sustenta la moderna dogmática penal, la misma que a su vez se fundamenta en los valores de la democracia. Asimismo, es de señalar que también se ha puesto de relieve en el presente trabajo de investigación, que a pesar de que se ha incrementado la criminalidad común y organizada en nuestro país, la misma ha sucedido a pesar del incremento de las penas o de la creación de nuevos tipos penales más gravosos como sucede en el caso del feminicidio y otras figuras delictivas que se hallan en nuestro Código Penal. Esta situación viene generando mucha incertidumbre en nuestras autoridades políticas que muchas veces ven con impotencia el avance de la criminalidad. Lo señalado, es casi común en América Latina, principalmente en países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina y nuestro país, en donde impera altos índices de criminalidad ante la impotencia de nuestras autoridades y la desesperación de nuestra población no solamente de nuestra capital sino de todas las regiones, situación que se ha agravado por la migración de la delincuencia de países como Venezuela y Colombia. Esperamos que con la aprobación de la delegación de facultades legislativas que ha sido aprobado en estos días por el Congreso nacional a favor del Poder Ejecutivo se logre controlar lo enunciado a través de medidas apropiadas y efectivas que demanda la moderna dogmática penal y la propia criminología y no seguir recurriendo a medidas efectistas y coyunturales como lo que inspira el Derecho Penal del Enemigo. La lucha contra la criminalidad debe orientarnos también al respeto a las libertades y los derechos humanos. Es decir, no resulta posiciones antípodas la preservación de la democracia con la lucha contra la criminalidad, más por el contrario aquella se fortalece como sistema político.